Latente violación de derechos a las comunidades colombianas

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  • viernes, 13 de abril de 2012
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  • Neyder Jhoan Salazar
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  • Comunidades indígenas del país enfrentan una grave violación de derechos humanos, líderes ha sido asesinados en medio de una constante zozobra por el conflicto armado y la amenaza en sus territorios.




    Aún se mantiene la memoria del emblemático líder indígena Kimy Pernía Domicó, de la comunidad Emberakatio, asesinado en Córdoba hace 10 años. Esta historia se sigue repitiendo, es una aguda situación de violación de derechos que se registra en Colombia, así lo evidencia los 63 líderes indígenas muertos de enero a septiembre del 2011.

    Para el Embera, Consejero de derechos de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Flaminio Onogama, es una situación preocupante, más aún cuando se siguen recibiendo más denuncias alarmante al interior de sus comunidades. Hay líderes amenazados, perseguidos por defender sus territorios y la identidad de cada pueblo. “Nosotros los consejeros de las Naciones en derechos, el consejero Mayor de la Onic y líderes indígenas presidentes en cada uno de los territorios están amenazados”, puntualiza Flaminio.

    El conflicto armado sigue siendo el principal flagelo que atenta contra las comunidades indígenas. En lo que va corrido del año se mantienen enfrentamientos, en fuego cruzado el 16 de septiembre una bomba en la casa del indígena Nasa, Abel Coicuéen en Caloto Cauca, acabó con la vida y sueños de su hija Maryide 11 años. Enfrentamientos registrados el 6 de agosto en pueblo Nasa, municipio de Pradera en el Valle provocó el desplazamiento de la comunidad. Las comunidades siguen siendo víctimas del conflictoq ue trae violencia sexual, reclutamientamiento y la afectación por minas antipersonales en Cauca, Córdoba y Choco.

    En el Cauca la situación de conflicto es contante por enfrentamientos de grupos armados en los territorios indígenas. La zona por sus condiciones geográficas posibilita la presencia de la Farc, y por el otro lado, en el área norte hacía al Valle, está la presencia de grupos paramilitares y “Bacrim”, en una disputa por el control del territorio. Por eso las comunidades del Cauca, víctimas de la guerra pregonan el no querer grupos armados en sus territorios que son espacio de paz y no de muerte.

    El departamento con más violación a las comunidades es Antioquia. Tan solo este año 13 indígenas Senú y Embera han sido asesinados en Antioquia por bandas criminales y las guerrillas. La Organización Indígena de Antioquia informó que sólo en junio se registró seis asesinatos en ese departamento. De estos, cinco fueron una masacre en la zona rural de Zaragoza y las víctimas eran miembros de la etnia Senú. Crímenes atribuidos a 'Los Rastrojos', banda de origen paramilitar. También, se registran denuncias por presencia de bandas paramilitares en Bolívar y Córdoba que hace que las comunidades sean víctimas del conflicto.


    El 20 de abril, familias de la comunidad indígena Nonam fue desplazada de su resguardo en bajo Calima, Valle del Cauca de manera masiva por reiteradas amenazas de Paramilitares. Según, Flaminio Onogama se conocen alrededor de siete mil indígenas desplazados por las distintitas acciones y presencia de grupos armados en sus territorios, cultivos ilícitos y fumigaciones.

    Lucha de tierras

    El tres de Julio Fernando Tequía, líder indígena y gobernador de un resguardo de la etnia de los Embera Katío en zona rural de Urrao Antioquía fue asesinado por asunto de la minería.

    Uno de los factores que ha acrecentado la afectación de derechos en las comunidades en los últimos años en Colombia, es el aumento de megaproyectos minero y energéticos en sus territorios que provoca explotación, enfrentamiento, despojo, conflicto social y armado. Son las concepciones dentro de la política de desarrollo del Gobierno por medio de la minería. Minería que se encuentra en los territorios indígenas y genera una alta situación de violación de derechos.

    Según el comunicador del Consejo Indígena del Cauca, Cric, Vicente Otero, es la invasión de las multinaciones, acompañado además de la minería ilegal, “hay una ley de despojo por el Gobierno en la que quiere deslegitimar los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. No hay un respaldo del Estado en el tema de derechos humanos y Colombia en el gobierno de Uribe se abstuvo de firmar la declaración universal de los derechos humanos sobre los pueblos indígenas, lo que significa que dejó a los pueblos indígenas a la suerte de lo que pueda pasar, Lo que representa un accionar del Gobierno y grupos armados para exterminar la organización política de los pueblos, por eso hay persecución, muerte, desplazamiento y estigmatización”. Vicente afirma que en el Cauca en lo que va del 2010 al 2011 se han registrado alrededor 45 indígenas asesinados, especial mente en el norte.

    Según, Eduardo Ayana del pueblo Misak y coordinador de la jurisdicción especial de la Crihu en el Huila, hay una grave violación de la ley de origen por multinacionales, con explotaciones mineras, “las riquezas más grandes están en nuestro territorios indígenas, primero llegan a las bases atropellan a la comunidad y después a los líderes indígenas”.

    “Estamos reivindicado nuestros derechos y somos amenazados por autoridades del Gobierno”, puntualiza Eduardo. Asegura que las multinacionales no respetan la visión de los pueblos indígenas, ya que en los últimos meses ha crecido en las zonas de la Argentina, en los municipios de Íquira y Nataga con explotación petrolera y en sur del Huila con la exploración minera, “eso genera desplazamientos por grupos, todo viene a la par con las multinacionales llegan grupos armados para que los pueblos indígenas cojan miedo para deslegitimar y acusar como guerrilleros, así despojar del territorio”.

    Para Flaminio, “se trata de respeto, la Corte señala que debe haber un entendimiento de manera diferencial desde nuestros principios, usos y costumbres. El llamado que hacemos es el respeto la autonomía, nosotros queremos vivir dignamente y que no nos involucren dentro del accionar de la guerra”. Las comunidades de Colombia siguen exigiendo la autonomía y el respeto a sus derechos, que los grupos armados no violen sus territorios.

    Organizaciones sociales en riesgo

    A la situación de las comunidades indígenas, se suma el riesgo de las organizaciones sociales. Hay que recordar cómo el 24 de julio de este año cinco integrantes de una misma familia de la comunidad afro e integrantes del consejo comunitario de bajo Naya fue masacrada por la Farc.

    Además, hay una persecución y criminalización de los movimientos, organizaciones sociales y líderes comunitarios. Según, la organización Internacional de derechos Front Line, hay intimidación y persecución a los defensores de derechos, así se hizo evidente en el mes de julio en el departamento de Arauca con las organizaciones indígenas de ese departamento. Situación que la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia, OIDHACO reconoce, manifestando que en el Gobierno del presidente Santos, la realidad sobre la situación de derechos nada ha cambiado, es decir no ha mejorado. Hasta en junio habían sido asesinados 15 líderes que representaban a sus comunidades en la restitución de tierras. Las organizaciones de derechos han registrado 206 agresiones contra sus integrantes y han sufrido el asesinato de 34 defensores.


    Situación en el Huila

    El Huila no es ajeno a esta situación de violación de derechos. La Corporación Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia OBSURDH, denunció que entre el 24 julio y el 9 de agosto de este año en San Agustín fueron capturados 10 campesinos e indígenas, señalados como auxiliadores de la guerrilla. Además, uno de los últimos casos fue la captura masiva de siete personas entre estudiantes universitarios, defensores de derechos humanos, docentes y un músico social.

    ObsurHuila denunció que las comunidades campesinas de las veredas San Antonio, Yarumal, Quinchana, Alto Quinchana, Villa Fátima, La Magdalena, La Perdiz y La Gaitana del municipio de San Agustín, se sienten amenazados, conviven con la zozobra y algunos se han desplazado por el temor de nuevas capturas por lo que ellos llaman el “delito de vivir en zona de conflicto”.

    El 7 de octubre en la vía de Pitalito a Popayán en el municipio de Quinchana fue asesinada una familia pareja indígena del pueblo Yanacona. Es de los pocos casos registrados de asesinato de indígenas en el departamento, pero del que se desconoce las causas; aún así se relaciona con conflicto armado. Sin embargo, Eduardo Ayana, coordinador de la jurisdicción especial de la Crihu, manifiesta que ha habido más casos, pero las comunidadesindígenas no los han informado. Así como también ha habido caso de desaparecidos y constantes amenazas de grupos armados por parte del Gobierno con persecución de líderes Yanaconas y Nasas de San Agustín y Pitalito.

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