Las políticas de desarrollo del Gobierno ponen en riesgo el territorio

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  • jueves, 24 de marzo de 2011
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  • Neyder Jhoan Salazar
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  • Las comunidades mantienen procesos de resistencia, rechazando las políticas mineras, energéticas y actividades económicas agrarias agresivas como negocio impulsadas por el Gobierno. Según los movimientos sociales representa una amenaza para el medioambiente, y familias campesina e indígenas que son desterradas y despojadas del territorio.

    Es un movimiento que se fortalece en el país por la defensa del territorio, generado por el evidente  impacto ambiental, y social de la megaminería y proyectos hidroeléctricos en Colombia. Las comunidades denuncian los graves daños que causan en el territorio y como éstos se ha extendido por gran parte del país.

    Según Tatiana Rodríguez, de la Red de Acción contra la Gran Minería el 40% del territorio colombiano posee un titulo o una solicitud  minera. Además se adelantan seis proyectos de represa en todo el país que se suman a las 9 existentes. Frente a esta situación las comunidades afectadas, organizaciones sociales y ambientalista han decidido mantener procesos de resistencia contra lo que ven como un modelo equivocado desarrollo que perjudica las tradiciones culturales, ancestrales y naturales del territorio, además causan un riesgo socioeconómico para las comunidades,   atentando el buen vivir de la población.

     Un modelo de desarrollo que afecta el territorio 

     Hay un avance de las multinacionales ejecutando proyectos de extracción de recursos como es la minería a gran escala dentro de las políticas establecidas en las locomotoras del desarrollo impulsadas por el Gobierno.  Políticas en la que se desarrollan represas y explotación minera con licencias otorgadas bajo la complacencia del Ministerio de Ambiente.
     
    El senador Alexander López, manifiesta que el Congreso le dio Facultades al Gobierno, lo que representa la posibilidad de crear instituciones que ponen en riego y es una mayor agresión al territorio del país. El plan nacional de desarrollo plantea que toda la superficie de Colombia está susceptible a la explotación minera y petrolera, “Colombia va a desarrollar la locomotora de la minería e hidroeléctrica, un sector estratégico que se convierte en la política principal del Gobierno, lo que deja abierto intervenir cualquier territorio”. Agrega el Senador. Un modelo que no sólo trae deterioro ambiental, también desigualdad social.
    Estos proyectos en gran medida desarrollados por multinacionales, afectan el territorio, generando conflicto social y ambiental. 

    Megaproyectos que son impulsados por las políticas de continuidad desde el Gobierno del ex presidente Uribe. Ahora bajo la figura de la locomotoras de desarrollo emprendida por Juan Manuel Santos. Un desarrollo bajo el único intereses económico y que atenta contra el ambiente y la población. De ahí que se desarrollen proyectos de infraestructura, con banderas como IIRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, establecidos en un progreso que sólo beneficia a que las multinacionales que se apoderan de los recursos. 

    Para Tatiana Rodríguez de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional, las condiciones de desarrollo minero son políticas internacionales, con una minería a gran escala que ha llegado a los páramos, creando conflictos, “una política que no mira las condiciones reales del país y la biodiversidad, acaso el futuro del país debe ser la minería”.
    Juan Pablo Soler de la Red Latinoamérica de Acción contra las Represas, sostienen que el agua es un derecho fundamental para la dignidad de la vida, “se debe propiciar un modelo económico donde primen las comunidades y sus desarrollo agrario, ya que los megaproyectos no son modelo limpio”. La Red Nacional de los Pueblos Afectados por Represas, manifiesta que la comunidad ha sido invisibilidad, pero está en un proceso de resistir por la defensa del territorio, "ríos para la vida y no para la muerte". 

     Las comunidades reclaman la necesidad de la construcción de políticas mineras, energéticas y alimentarias que garantices el respeto de la población en sus territorios y sean sostenibles. Con verdaderos planes de manejo ambiental y social. Frente a las múltiples denuncias de las irregularidades en relación a los estudios de impacto ambiental y licencias otorgadas por Ministerio de Ambiente para megaproyecto se establece la necesidad de fortalecer el proceso nacional en red, un movimiento de resistencia de las comunidades. 

    El senador Enrique Robledo, manifiesta la necesidad de buscar mecanismo de unión para que se luche en los proceso de resistencia frente a los proyectos en los que la tierra y la concentración de la riqueza está en manos de transnacionales. Manifiesta que políticas como la intervención de las CARs le entregan el control del agua al Gobierno para facilitar su modelo económico.

    Algunos Procesos de resistencia social 

    Uno de estos proyectos de represa es la Central Hidroeléctrica Ituango en Antioquia que trae un impacto social y ambiental, según Isabel Cristina Zuleta de la mesa de afectados de Hidroituango ha generado un conflicto social, “en la zona  muchos líderes que resisten al proyecto han sido asesinados”. Lo que representa una agudización del conflicto en la zona. Aclara que es un proyecto en el que se desconoce las dinámicas socioeconómicas del territorio, provocado un desalojo de las comunidades y sin una verdadera valoración de los predios. Por otro lado Isabel manifiesta que también se ha atacado la minería artesanal de la zona en el río Cauca, criminalizado esta actividad para darle paso a la gran minería. 

    Una circunstancia similar se presenta en el proyecto de represa El Quimbo en el Huila, según Miller Dussán de Plataforma Sur es la mayor catástrofe social y ambiental del Huila. Un proyecto que desaloja a las comunidades y destruye un territorio de gran riqueza ambiental y productiva. Está acompañado de incumplimientos por parte de las Multinacionales Emgesa y Endesa. También proyecto hidroeléctricos como Urrá II afectan las tradiciones culturales y las dimensiones sociales del territorio para comunidades indígenas Emberas. 

    Mauricio mesa, del Movimiento Social en Defensa del río Sogamoso, manifiesta frente a la hidroeléctrica, la agresión a los procesos de manifestación de la comunidad. Este es un megaproyecto de Isagen que según la comunidad pone en riesgo  el acueducto de  Barrancabermeja. Son 7000 hectáreas inundadas con un alto impacto ambiental. Mauricio afirma que Isagen no ha reubicado a los poblados afectados. Aclara que se han comprado a los líderes y aquellos que se resisten son amenazados. Los pescadores y campesinos están siendo maltratados por los Italianos, por eso tiene bloqueada las acciones en la represa, defendiendo su territorio, “se están atropellado los derechos colectivos humanos y los de la naturaleza”, agrega Mauricio. 

    En la represa de la Salvagina, miembros de la comunidad manifiestan que es más el perjuicio que ha causado, con un despojo acompañado de oro y pobreza. Ahí se desvío el río Oveja para que aumentara el nivel del agua y así producir energía. La comunidad sostiene que se ha otorgado títulos mineros a empresas privadas foráneas y multinacionales que afecta el territorio. Ahora la comunidad ha empezado a gestar un proceso de organización para resistir frente a esa arremetida de megaproyectos. 

    Proyectos mineros como  la Colosa en Cajamarca Tolima ejecutado por la Anglo Gold  Ashanti, tiene un grave impacto ambiental al pretender hacer una mina a cielo abierto. Para Fernando Torres, miembro de la comunidad afectada por el proyecto, la explotación minera pasa por encima de las comunidades, “es un territorio que es dispensa agrícola del departamento”. Lo que trae grandes dimisiones ambientales y de soberanía alimentaria. 

    Páramos como el de Santurbán y Amorzadero son otros ecosistema en riesgo por la legitimidad del Gobierno para explotar minería en ellos. Comunidades  afrocolombianas de Suarez en el  Cauca mantiene  resistencia por la explotación de oro en más de 165 hectáreas. Situación similar es la que se vive en la Mina de Oro Zaragoza. 

    Otro fenómeno que afecta la seguridad alimentaria del pueblo y su territorio son los proyectos agrarios a gran escala como el monocultivo intensivo en producción caña de azúcar. Miguel Aralla de la Comunidades Agrominera de Sur de Bolívar, manifiesta que la  actividad económica artesanal y actividades agrarias se enfrenta a la explotación a gran escala, “la extracción del oro nos afecta el tejido económico y cultural”. 

    Estos son algunos de los proceso de resistencia que reclaman respeto por su soberanía alimentaria y mecanismos de producción que no pongan en riesgo el territorio y los tejidos sociales construidos en cada comunidad.

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